El Govern balear ha aprobado un paquete normativo que permite regularizar determinadas edificaciones y ampliaciones ejecutadas sin licencia en Mallorca.
Contexto
El 24 de mayo de 2024 el Govern balear aprobó un paquete de medidas para reducir burocracia. Una de ellas abre la posibilidad de legalizar en Mallorca construcciones, ampliaciones e incluso piscinas levantadas sin la autorización correspondiente. Si se cumplen los requisitos, esas edificaciones pueden volver al mercado ya regularizadas, aunque el alquiler vacacional queda expresamente excluido.
Condiciones para la legalización
Las solicitudes podrán presentarse dentro de los tres años siguientes a la publicación de la norma en el BOIB. En el momento del artículo, esa publicación todavía no se había producido.
Solo pueden acogerse las construcciones cuya infracción urbanística ya haya prescrito. En suelo rústico protegido esto suele afectar a edificaciones anteriores al 29 de mayo de 2014 y, en ámbitos sometidos a normativa de espacios naturales, a edificaciones anteriores al 10 de marzo de 1991.
Tasas, impuestos y medidas ambientales
Los propietarios deben asumir tasas e impuestos y ejecutar medidas de mejora ambiental. La tasa es del 10 por ciento del valor de la obra el primer año, del 12,5 por ciento el segundo y del 15 por ciento el tercero.
Existen reducciones para hogares con menor capacidad económica, y las cantidades recaudadas se destinan a la adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios naturales y del patrimonio municipal de suelo.
Además, el solicitante debe presentar un proyecto técnico de compatibilidad ambiental con medidas para reducir la contaminación lumínica y mejorar la eficiencia energética e hídrica.
Excepciones y lectura política
No podrán legalizarse las edificaciones afectadas por expropiación, cesión obligatoria o demolición según la normativa urbanística aplicable.
También quedan fuera las construcciones en dominio público, en zonas de protección de carreteras y aquellas sometidas a la legislación de costas o que requieran licencia turística para su uso.
El Govern defendió la medida señalando que muchas familias viven situaciones de construcción parcialmente irregular y que la regularización posterior puede desbloquear mejoras y transmisiones hoy imposibles.
